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PARA: Partes interesadas

DE: Planned Parenthood Action Fund

ASUNTO: ¿Qué importa un poco de intromisión gubernamental entre amigos?

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Esa parece ser la pregunta que se hacen últimamente algunos de los opositores al aborto. Los grupos contrarios al aborto y sus partidarios buscan nuevas formas de inmiscuirse en la vida y las libertades de las personas.

Informes de prensa recientes detallan cómo los funcionarios utilizan recursos del estado para acosar a los partidarios del derecho al aborto, intimidando a quienes firman peticiones de iniciativas electorales y presentando nuevas demandas sin fundamento para obtener acceso a información médica privada. Las demandas para obtener acceso a la información médica hacen eco de las políticas propuestas en la infame agenda del Proyecto 2025, que incluye recomendaciones para bloquear el acceso a la atención de la salud reproductiva, incluso para monitorear los embarazos de las personas y recopilar información intrusiva sobre cuándo, cómo y por qué abortan.

A continuación, información sobre los últimos intentos de meter al gobierno donde no debería estar: perturbando a los firmantes de peticiones y entrometiéndose en nuestras decisiones médicas privadas.

Los votantes de Florida que firmaron peticiones para incluir en la papeleta electoral la Enmienda 4, una medida para proteger el aborto de la interferencia del gobierno, están recibiendo visitas a domicilio inquietantes de la policía electoral del estado. El Tampa Bay Times reporta que los agentes disponen de una sorprendente cantidad de información sobre estos votantes a favor del derecho al aborto:

Isaac Menasche recuerda que el año pasado estaba en el mercado agrícola de Cape Coral cuando alguien le preguntó si firmaría una petición para que la enmienda sobre el aborto de Florida fuese incluida en la papeleta electoral.

Dijo que sí, y así se lo comunicó a un agente de la ley cuando este se presentó en la puerta de su casa del condado de Lee a principios de esta semana.

Menasche dijo que se sorprendió cuando el agente que vestía de civil le preguntó dos veces si era realmente Menasche quien había firmado la petición. El agente dijo que estaba investigando un posible fraude en la petición.

“No soy una persona de las que salen a protestar por el aborto”, dijo Menasche. “Simplemente me sentí convencido y aproveché la oportunidad cuando la persona me preguntó, para decir sí, firmaré esa petición”.

Más tarde, Menasche publicó en Facebook que era “obvio para mí que se había llevado a cabo un esfuerzo significativo para determinar si yo había firmado la petición”. Dijo al Times que el agente que se presentó en su puerta tenía una copia de la licencia de conducir de Menasche y otros documentos relacionados con él. Menasche dijo que no recordaba a qué agencia pertenecía el agente.

Un supervisor del condado dijo a Associated Press que la agresiva investigación del estado no tiene precedentes. Las firmas en cuestión ya han sido validadas y verificadas por los funcionarios electorales del estado, y el plazo para impugnar ya ha pasado. Pero los funcionarios estatales siguen utilizando su poder para intimidar al electorado.

Y eso no es todo: la Florida Agency for Health Care Administration (AHCA) ha sido demandada por mal uso de fondos estatales para distribuir desinformación sobre la Enmienda 4. La Corte Suprema de Florida ya acordó acelerar una demanda que cuestiona el uso de recursos estatales para estos fines. Según informa el Miami Herald, el demandante que demanda al gobernador DeSantis y a varios otros funcionarios estatales de Florida alega que la página web estatal —con encabezado oficial de la AHCA— dice a los lectores que la enmienda “amenaza la seguridad de las mujeres” e incluso puede violar una ley de Florida que prohíbe a los empleados y funcionarios estatales usar su “autoridad o influencia oficial con el propósito de interferir en una elección”.

Los funcionarios han calificado el sitio web de “anuncio de servicio público”, pero el uso de recursos estatales para hacer campaña contra una enmienda sobre el aborto hace eco de esfuerzos similares (sin éxito) en Ohio el año pasado para anular la voluntad del pueblo.

En Texas, el fiscal general Ken Paxton ha interpuesto una demanda para acceder a los historiales médicos privados de las personas que solicitan un aborto fuera del estado. La demanda pone en tela de juicio normativas federales sobre privacidad, que incluyen una normativa promulgada este año para proteger la información sobre salud reproductiva. Según informa el New York Times:

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, calificó la normativa de abril como “un intento encubierto de debilitar las leyes de Texas”. Y añadió: “El objetivo de la administración Biden es claro: subvertir investigaciones estatales legales sobre cuestiones que las cortes han dicho que los estados pueden investigar”...

... “Texas está argumentando que la agencia federal de salud no tiene autoridad para determinar cuál es el alcance de la privacidad a nivel federal”, dijo David Donatti, abogado principal de la American Civil Liberties Union de Texas, que ha participado activamente en la lucha contra las restricciones estatales al aborto.

“Eso es destacable tanto como un ataque de frente a la capacidad de HHS para definir la privacidad médica”, dijo, refiriéndose al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). “Pero también demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar Texas para eliminar el aborto y el acceso a la salud reproductiva, no sólo en Texas, sino en todo el país”.

La demanda de Paxton no es solamente un recordatorio escalofriante de hasta dónde llegarán algunas personas para impedirnos controlar nuestros propios cuerpos: es un espejo de algunas de las ideas más peligrosas del Proyecto 2025.

El plan de 922 páginas para reformar radicalmente la función del gobierno ofrece una trayectoria para la intrusión gubernamental: indagar en nuestros asuntos personales, incluyendo el monitoreo de los embarazos. 

Como señala este artículo de Glamour, “una sugerencia política particularmente aterradora en el texto del Proyecto 2025 es aumentar considerablemente la vigilancia del aborto en todo el país... El Proyecto 2025 haría obligatoria la notificación de datos sobre el aborto, y con mucho mayor detalle, explícitamente para afrontar el ‘turismo del aborto’”.

Además de monitorear los embarazos de las personas, he aquí otras políticas que propone el Proyecto 2025:

  • Eliminar el aborto en todo el país aplicando erróneamente una ley del siglo 19 sin que el Congreso rinda cuentas
  • Prohibir el aborto con medicamentos en todo el país revocando la aprobación de la mifepristona por parte de la FDA
  • Permitir que los empleadores denieguen a los trabajadores el acceso a métodos anticonceptivos
  • “Desfinanciar” a los proveedores de abortos como Planned Parenthood, dejando a millones de personas sin acceso a sus servicios de salud

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Planned Parenthood Action Fund es una organización independiente, no partidista y sin fines de lucro formada como el brazo político y de defensa de Planned Parenthood Federation of America. El Action Fund se dedica a actividades educativas, de defensa y a actividades electorales limitadas, incluyendo la coordinación de organizaciones de base, la defensa legislativa y la educación de los votantes

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